Carlos Grey Figueroa
Gerente
Ingeniería Social Consulting S.A.C.
INGES
Consultora en Gestión Social y Económica
Este artículo, basado en la experiencia profesional del autor, ofrece una visión amplia sobre la gestión social minera, abordando tanto los desafíos actuales como las tendencias emergentes que incidirán en el futuro del sector. Se examinan cuestiones clave como el manejo de la licencia social, la valorización de tierras, la negociación de acuerdos marco y la administración de fondos, con el propósito de aportar reflexiones que fortalezcan la sostenibilidad y legitimidad de la minería en el Perú.
Gestión social: fundamento de la licencia social
El concepto de licencia social implica un proceso dinámico y continuo donde las personas en el territorio pasan de ser receptoras a protagonistas de las decisiones sobre el desarrollo local. Autores como Arellano-Yanguas (2011) y Bebbington et al. (2017) sostienen que la percepción de justicia y la participación comunitaria son tan relevantes como los beneficios económicos, pues determinan la legitimidad y viabilidad de los proyectos mineros.
La bibliografía especializada recomienda enfoques participativos, transparencia en la asignación de beneficios y adaptación de los modelos de gobernanza a las realidades locales. Experiencias en proyectos como Yanacocha, Las Bambas y Tía María evidencian que la gestión social efectiva previene conflictos y promueve la sostenibilidad.
Desafíos sociales: fondos y transformación comunal
Valoración de la tierra y acuerdos marco
La negociación de acuerdos marco, especialmente en torno al valor de la tierra comunal, constituye un desafío central. Tradicionalmente, el valor de uso agrícola ha predominado, pero incorporar el potencial minero permite que las compensaciones sean más justas y transparentes.
Una cuestión central en la gestión social es la negociación de los acuerdos marco, especialmente en lo referente al valor de los terrenos comunales destinados a la actividad minera. Tradicionalmente, estos acuerdos han tomado como referencia el valor agrícola del uso de la tierra, dejando de lado el plus que representa su aprovechamiento minero. Esta brecha limita el impacto real de los beneficios para las comunidades. Incorporar metodologías de valoración económica que contemplen el potencial extractivo, la duración de los proyectos, los ingresos futuros y las externalidades —positivas y negativas— es fundamental para una negociación más justa y transparente. En Cajamarca, la valorización minera ha superado hasta diez veces el valor agrícola gracias al acompañamiento técnico, lo que fortalece la posición de las comunidades en las negociaciones.
Uso de fondos de los acuerdos marco
Uno de los dilemas más recurrentes es el destino de los fondos aprobados en acuerdos marco entre empresas mineras y comunidades. La propuesta ideal sostiene que estos recursos deben invertirse en proyectos de desarrollo, infraestructura, educación, salud y el impulso de emprendimientos comunales y de comuneros, con el objetivo de generar impactos sostenibles a largo plazo.
No obstante, existe una tendencia creciente, sobre todo en las fases iniciales de exploración, a que las comunidades demanden la entrega directa y la distribución de fondos en dinero entre comuneras y comuneros. Esta preferencia responde tanto a la urgencia de necesidades inmediatas, como a la desconfianza en la gestión colectiva o institucional de los proyectos, y a experiencias previas de mala ejecución o baja transparencia.
En los acuerdos iniciales, particularmente durante la fase de exploración minera, la distribución directa de fondos entre comuneras y comuneros empadronados puede entenderse como una estrategia que equilibra los intereses y riesgos de ambas partes. Dado que en esta etapa la presencia y viabilidad de un yacimiento aún no están confirmadas, la entrega de compensaciones económicas directas representa una forma de compartir el riesgo inherente: la comunidad recibe un beneficio tangible e inmediato, sin la certeza de que se desarrollará un proyecto minero a largo plazo. Esta modalidad resulta atractiva porque reconoce la ocupación temporal del territorio y el potencial desgaste social de la expectativa minera, sin comprometer recursos en proyectos cuya continuidad depende de resultados inciertos.
Sin embargo, a medida que la exploración avanza y las probabilidades de que el proyecto minero prospere aumentan, se vuelve fundamental cambiar el enfoque de la gestión de los acuerdos marco. En las etapas subsiguientes, destinar los fondos a proyectos de desarrollo —como infraestructura, servicios básicos, educación y actividades productivas sostenibles— no solo contribuye a la creación de valor duradero para la comunidad, sino que también cimenta la licencia social y la corresponsabilidad en el desarrollo del territorio. Este tránsito de la distribución directa hacia la inversión colectiva responde a la evolución de los riesgos y las oportunidades, y permite que la comunidad participe activamente en los beneficios derivados de la actividad minera, vinculando su prosperidad al éxito y a la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
Reconocimiento y profesionalización de la dirigencia comunal
El segundo tema crítico es el cambio en la naturaleza del trabajo comunal, particularmente en los roles de la junta directiva y de las dirigencias. Antes de la llegada de la empresa minera, los cargos comunales suelen ser asumidos de manera voluntaria, con escaso requerimiento de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, la presencia minera multiplica las responsabilidades y la exposición pública, especialmente para quienes ejercen la presidencia, quienes pasan a dedicar tiempo completo a la gestión de negociaciones, la supervisión de acuerdos y la representación ante diversos actores.
Algunas experiencias, como Antamina (Áncash) y Quellaveco (Moquegua), han comenzado a reconocer la necesidad de remunerar formalmente estos cargos, mediante dietas o compensaciones, para fortalecer la profesionalización, evitar el desgaste y reducir riesgos de corrupción. La bibliografía coincide en que este reconocimiento debe ir acompañado de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para mantener la legitimidad de la representación comunal (Bebbington et al., 2017; Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2021).
Bonificar formalmente a quienes asumen estos cargos —por ejemplo, mediante dietas o compensaciones— no solo reconoce el esfuerzo y el desgaste inherente a la función, sino que también contribuye a evitar prácticas informales y riesgos de corrupción asociados a la búsqueda de beneficios personales no transparentados. Cuando el trabajo comunal se remunera de manera clara y se establecen mecanismos de rendición de cuentas, se fortalece la legitimidad de quienes representan a la comunidad, pues se elimina la sospecha de intereses ocultos y se incentiva la rendición de cuentas públicas.
En síntesis, transparentar y bonificar el trabajo de las dirigencias comunales ante la llegada de la minería no solo es un acto de justicia y reconocimiento, sino que constituye una condición necesaria para fortalecer la legitimidad, la eficacia y la sostenibilidad de la gestión comunal en contextos de cambio y presión externa.
Gestión social a lo largo del ciclo minero
El compromiso social debe acompañar todas las fases del ciclo minero:
• Exploración: Diálogo temprano y mapeo de actores para cimentar la confianza inicial.
• Construcción: Acuerdos laborales, compensaciones y desarrollo de infraestructura.
• Operación: Monitoreo ambiental y social, empleo local e inversión en programas de desarrollo.
• Cierre: Reconversión productiva y planes de cierre participativos.
• Post-cierre: Seguimiento de compromisos y sostenibilidad comunitaria.
Destaca la importancia de involucrar a empresas comunales y actores locales como proveedores de la cadena de valor, garantizando que los beneficios económicos y sociales permanezcan en el territorio y fomentando una distribución equitativa de los frutos de la minería.
Empresas y comunidades: construcción de objetivos comunes
Si bien empresas y comunidades pueden tener prioridades y horizontes temporales distintos, la gestión social busca transformar las tensiones en colaboración. Para las empresas, la rentabilidad, la estabilidad y la reputación son esenciales; para las comunidades, el acceso a beneficios, la protección ambiental y la participación real en la toma de decisiones son prioridades irrenunciables.
El diálogo multiactor, la transparencia y la corresponsabilidad se revelan como los mejores caminos para reconciliar estos intereses.
Conclusión
La viabilidad de la minería en Perú depende de la gestión social como eje fundamental. Los casos de Michiquillay, Quellaveco, Antamina y Cerro Verde evidencian que la creación de valor compartido, la transparencia y el diálogo genuino no solo previenen conflictos, sino que también abren oportunidades para un desarrollo sostenible e inclusivo. La minería del futuro será aquella capaz de escuchar, adaptarse y construir alianzas de largo plazo con las personas y territorios con quienes convive.
Bibliografía
• Bebbington, A., et al. (2017). «Minería, actores sociales y conflicto: una revisión de experiencias en el Perú». Revista de Estudios Sociales, 60, 14-31.
• Arellano-Yanguas, J. (2011). «Agreements, Compensation and Mining-Induced Displacement: The Case of Peru». In: Mining and Social Transformation in Peru, Routledge.
• Ministerio de Energía y Minas del Perú (2021). Guía para la Negociación de Acuerdos Marco en Minería.
• Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) (2020). Valoración de tierras y compensaciones en proyectos mineros.